¿Tramas? Sí, tramas.

• En julio de 2016 el diario “El País” publica que el Tribunal de Cuentas detecta fallos graves en el sistema de subvenciones del Gobierno de Ignacio González. En concreto, la subvención “sin justificar” a la entidad sin ánimo de lucro Asociación Plataforma Turística de Madrid. Las partidas bajo sospecha sumaron 6,4 millones de euros, según el citado Tribunal, que criticó que el Ejecutivo ampliara el dinero concedido respecto a la cifra contemplada en los Presupuestos regionales (en uno de los ejercicios pasó de 450.000 euros a 1,4 millones, pese al informe negativo de la Intervención). La asociación pasó a llamarse en 2015 Asociación Turismo de Madrid. Su presidente de honor es el exministro de los Ejecutivos de UCD y PP y presidente de Carrefour en España, Rafael Arias-Salgado. El 51 % de su presupuesto procede de fondos privados y el 49 % de capital público, según sus datos. Casualmente, forma parte de Madrid Network.

• En agosto de 2016, el periódico digital “El Boletin.com” publica que Elodea, presidida por José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel y una de las empresas integrada en Hospital de Vallecas SA, había sido declarada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en concurso de acreedores. Elodea nace en julio de 2015 tras haber absorbido a Begar Construcciones y Contratas, empresa que ganó el concurso para la construcción y la gestión del hospital Infanta Leonor (hospital modelo PFI) a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE Hospital de Vallecas) de la que formaban parte Ploder –también con problemas financieros-, Vectrinsa Gestión, Arturo Grupo Cantoblanco Catering Services –declarada insolvente-, Fuensanta y Caja Rural Intermediterránea.

• En la Trama Púnica es conocida la conexión entre David Marjaliza y el que fuera número dos de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Marjaliza es gestor de numerosas empresas entre las que figuran Centro de Radiología y Resonancia Magnética Abierta  de Valdemoro SL (dedicada a prestar servicios médicos especializados de interpretación y realización de estudios de radiología e imágenes), y Centro Médico Valdemoro Plaza SL, (dedicada a prestar servicios médicos). Según investigaciones periodísticas su mujer Adela Cubas Navarro, hermana del alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), uno de los detenidos en la operación Púnica, participa en varias sociedades, una de ellas vinculada al ámbito sanitario como es Importadora de Tecnología Médica SA. Queda pendiente investigar la relación de estas empresas con IDC Salud (antes Capio) en general y con el Hospital de Valdemoro en particular.

Ignacio González (PP), expresidente de la Comunidad de Madrid, utilizó a la empresa Indra para pagar dinero en “B” en la mejora tanto de su imagen como la de otros políticos de su partido (según publica elmundo.es en abril de 2015, según el sumario del caso, uno de los beneficiados sería el presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro). Da la casualidad de que Indra fue la empresa a la que la Consejería de Sanidad adjudicó el contrato de servicios para la “Creación, mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP) del Servicio Madrileño de Salud” por un importe de 27.242.409,55 euros, conocido con el nombre de CALL CENTER.

• En mayo de 2015 la Fiscalía Anticorrupción tomaba testimonio a uno de los testigos del entramado mediante el que media docena de clínicas privadas realizaban pruebas médicas en los laboratorios del Hospital Universitario Gregorio Marañón, sin coste alguno y que, en un primer cálculo, podría haber supuesto un fraude de 300.000 euros en el año 2014. Entre los centros denunciados se encuentran el hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el hospital Nuestra Señora del Rosario, la clínica Fuensanta, el Instituto Doctor Álvarez de Anatomía Patológica, el hospital de Madrid y el hospital Montepríncipe (ambos del grupo HM Hospitales).

• En agosto de 2016 elpais.com publica que el exjefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, Emilio Álvarez, está imputado por presunta malversación de caudales públicos. Jubilado desde septiembre de 2014, sigue siendo el único responsable del contrato con la empresa TriStar bajo el cual miles de muestras de tejido humano han salido del hospital para ser posteriormente comercializadas por esta compañía. Según el acuerdo firmado, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015 se ha permitido la cesión de más de 4.300 TMA (micromatrices de tejidos) o bloques divididos (un bloque de parafina que contiene una porción de muestra). TriStar ha obtenido prácticamente gratis esos trozos de antiguas biopsias del Hospital Gregorio Marañón, que después vende a distintos laboratorios o empresas farmacéuticas para sus investigaciones. En el mercado internacional, un solo TMA cuesta entre 200 y 1.500 dólares, dependiendo del número de tumores que incorpore y de la rareza de éstos.