Deuda del Estado

Cuando un país tiene déficit público¹ o requiere de recursos adicionales para financiar un gasto no previsto o no presupuestado, acude al recurso del endeudamiento. Del mismo modo, cuando las familias, empresas o bancos requieren recursos adicionales, acuden al endeudamiento privado.

La deuda de un país es la suma de la deuda del sector público y la del sector privado y hablamos de deuda pública cuando quien la contrae es una administración pública (sea el gobierno central o los gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, …), y de deuda privada cuando lo hace una persona física o jurídica, es decir, familias, empresas o entidades bancarias.

Sea deuda externa, que supone que administraciones públicas o actores privados deben a acreedores en el exterior, o deuda interna, en que se trata de acreedores del propio país (principalmente bancos y tenedores de bonos), la deuda pública se puede contraer tanto con acreedores públicos (instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Central Europeo, u otros estados) o privados (a través de créditos de bancos privados o la emisión de bonos en los mercados financieros).

Cuando se insiste en que el Estado español tiene un problema de deuda soberana, ¿de qué se trata realmente? Lo cierto es que el problema de deuda de la economía española radica fundamentalmente en la que ha llegado a acumular el sector privado, endeudado hasta niveles insostenibles y que, al contar en gran medida con el aval del Estado, ha llevado la deuda pública a niveles alrededor del 100% del PIB.²

La actual crisis económica mundial desatada a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, paralizó el mercado mundial de crédito en 2008 y extendió la crisis a Europa, afectando especialmente a España, también con una gran burbuja de crédito inmobiliario.

El camino seguido en los años anteriores a la crisis consistió en la desregulación del sector financiero e inmobiliario a través de leyes liberalizadoras del suelo (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones) y de las Cajas de Ahorro (Real Decreto 2290/1977 y Real Decreto 1582/1988) que permitieron que se especulara con el suelo y facilitaron la construcción indiscriminada; el crédito fácil fue el factor que acabó de hinchar la burbuja inmobiliaria.

Desregulación, interés bajo y la promovida cultura del enriquecimiento rápido, generaron burbujas que dispararon los precios de las viviendas. Cuando el precio de la vivienda ya no pudo subir más, comenzó el desmoronamiento del mercado del crédito inmobiliario y aparecieron los agujeros en los balances bancarios.

En Estados Unidos, la quiebra de una entidad como Lehman Brothers sembró el pánico y extendió la crisis por todo el mundo. A partir de entonces, en un intento de evitar la quiebra de la economía mundial, los gobiernos de los países en crisis han priorizado el «rescate» de las sociedades privadas con dinero público.

A la vez, bajo la justificación de un supuesto «exceso de gasto público» en estos países, se ha procedido a desmantelar el Estado de Bienestar con recortes en las principales partidas del gasto social, es decir, en aquellos servicios públicos que son esenciales para la vida de las ciudadanas.

La pandemia: desencadenante de una crisis latente¹

La pandemia de la COVID-19 ha producido, entre otras cosas un impacto en la salud pública de la población, pero más aún por la profundidad de la depresión económica que ha desencadenado, causando un desastre social y laboral que nos sume en la incertidumbre. Esta crisis, sobrevenida y profundizada por la pandemia, viene a producirse en un contexto donde se mostraban de antemano síntomas de agotamiento del breve y frágil ciclo económico capitalista, que salió en falso de la crisis del 2008.

Estamos ante uno de esos acontecimentos que modifican la estructura, tanto por romper los frágiles equlibrios económicos  existentes como por las nuevas doctrinas aplicadas que, sin cuestionar el orden establecido, van a desarrollar lo que se denomina neoliberalismo de Estado.

Es aquí donde aparece lo público como institución decisiva, adoptando un papel protagonista y novedoso, no tanto por la inauguración de una nueva relación con lo privado, sino por su proporción. Frente a lo necesario, que lo público atienda las necesidades sanitarias, sociales y laborales de la población, y las urgencias de transición ecológica en el modelo energético y productivo, promoviendo una inversión pública alineada con estos objetivos, va a emplearse la financiación pública, mediante deuda y una fiscalidad regresiva, para que la parasite el negocio privado, en forma de préstamos baratos o semigarantizados, ayudas directas y contratación pública bajo fórmulas de cooperación público-privada, que ponen los recursos públicos al servicio del lucro privado.

La crisis económica, profundizada por la pandemia, ha generado un contexto muy grave de socialización de pérdidas, costes laborales y deudas privadas que han ido a parar a las espaldas del erario público. La interrupción del Pacto de Estabilidad es coyuntural. Una vez pase la crisis sanitaria, se acabe el período excepcional y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelva a ser de aplicación, volverá la Troika o una política equivalente.

1: Albarracín, Daniel (2020). Transformando el sufrimiento en lucha. Una experiencia en tiempos de pandemia. Capítulo VII. Editorial SYLONE en coedición con viento sur. Barcelona.

Según datos del Banco de España, la deuda pública, a 31 de diciembre de 2020, acabó en un máximo histórico de 1,35 billones de euros, lo que equivale al 120% del PIB, tras un año marcado por la pandemia del COVID-19.

En 2007 era sólo del 40% sobre el PIB (frente al 65% de deuda que tenían Alemania y Francia ese mismo año).

Para hacernos una idea es 6 veces el gasto social del presupuesto del Estado previsto para 2016¹ o 16 veces el presupuesto previsto para el sistema sanitario público² por el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Cuando hablamos de la “deuda española” debemos incluir el conjunto de ella, es decir, tanto la pública (de las diferentes administraciones públicas) como la privada (de las empresas no financieras y familias) del territorio español¹.

Es a partir de 2007, inicio de la crisis, cuando se dispara la deuda pública incrementándose en 649.477 millones de euros, debido a un desequilibrio fiscal generado por la disminución de la recaudación (por la caída de la actividad económica, pero también por la renuncia a aplicar una política impositiva más justa y una verdadera intención de luchar contra el gran fraude fiscal), un mayor coste en las prestaciones de desempleo y el conocido rescate bancario. En el mismo período, la deuda privada se ve reducida en 657.167 millones de euros.

El Gráfico muestra la evolución del total de la deuda pública y de la deuda privada, representada por la deuda de las sociedades no financieras y la deuda de las familias.

Estas cifras evidencian que la crisis española fue causada, como en la mayoría de países sumidos en la presente crisis, por un exceso de endeudamiento privado, y no público.