Deuda de la Comunidad de Madrid

Cuando un país tiene déficit público¹ o requiere de recursos adicionales para financiar un gasto no previsto o no presupuestado, acude al recurso del endeudamiento. Del mismo modo, cuando las familias, empresas o bancos requieren recursos adicionales, acuden al endeudamiento privado.

La deuda de un país es la suma de la deuda del sector público y la del sector privado y hablamos de deuda pública cuando quien la contrae es una administración pública (sea el gobierno central o los gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, …), y de deuda privada cuando lo hace una persona física o jurídica, es decir, familias, empresas o entidades bancarias.

Sea deuda externa, que supone que administraciones públicas o actores privados deben a acreedores en el exterior, o deuda interna, en que se trata de acreedores del propio país (principalmente bancos y tenedores de bonos), la deuda pública se puede contraer tanto con acreedores públicos (instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Central Europeo, u otros estados) o privados (a través de créditos de bancos privados o la emisión de bonos en los mercados financieros).

Cuando se insiste en que el Estado español tiene un problema de deuda soberana, ¿de qué se trata realmente? Lo cierto es que el problema de deuda de la economía española radica fundamentalmente en la que ha llegado a acumular el sector privado, endeudado hasta niveles insostenibles y que, al contar en gran medida con el aval del Estado, ha llevado la deuda pública a niveles alrededor del 100% del PIB.²

La actual crisis económica mundial desatada a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, paralizó el mercado mundial de crédito en 2008 y extendió la crisis a Europa, afectando especialmente a España, también con una gran burbuja de crédito inmobiliario.

El camino seguido en los años anteriores a la crisis consistió en la desregulación del sector financiero e inmobiliario a través de leyes liberalizadoras del suelo (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones) y de las Cajas de Ahorro (Real Decreto 2290/1977 y Real Decreto 1582/1988) que permitieron que se especulara con el suelo y facilitaron la construcción indiscriminada; el crédito fácil fue el factor que acabó de hinchar la burbuja inmobiliaria.

Desregulación, interés bajo y la promovida cultura del enriquecimiento rápido, generaron burbujas que dispararon los precios de las viviendas. Cuando el precio de la vivienda ya no pudo subir más, comenzó el desmoronamiento del mercado del crédito inmobiliario y aparecieron los agujeros en los balances bancarios.

En Estados Unidos, la quiebra de una entidad como Lehman Brothers sembró el pánico y extendió la crisis por todo el mundo. A partir de entonces, en un intento de evitar la quiebra de la economía mundial, los gobiernos de los países en crisis han priorizado el «rescate» de las sociedades privadas con dinero público.

A la vez, bajo la justificación de un supuesto «exceso de gasto público» en estos países, se ha procedido a desmantelar el Estado de Bienestar con recortes en las principales partidas del gasto social, es decir, en aquellos servicios públicos que son esenciales para la vida de las ciudadanas.