El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ha publicado en octubre de 2019 el informe «Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización».
Es una publicación en tres partes que hace una radiografía del marco legal de este tipo de contratos en el Estado español.
Estudia en profundidad el caso de las Infraestructuras, la Sanidad y la Educación.
Nos ubica en el marco global, explicando las causas estructurales de este gran empuje de privatizaciones encubiertas de nuestros servicios y bienes públicos.
Disponibles para descarga:
- El marco legal y caso de infraestructura, Nicola Scherer (ODG) y Rubén Martínez Moreno (La Hidra Cooperativa)
- El caso de sanidad, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y Nicola Scherer (ODG).
- El caso de educación, Andrea Paola Galindo Vargas y Nicola Scherer (ODG).
Tras las advertencias de la UE sobre las deficiencias del Estado español en la supervisión y regulación de este tipo de contratos, el gobierno del PP creó la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) que no produjo ningún resultado.
Posteriormente el gobierno del PSOE creó, en junio de 2018, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon), que tiene como misión velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública.
Se rigen por la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) y no existe un reglamento específico que las regule. A fecha de hoy, no constan publicaciones sobre si el mandato del órgano regulador OIReScon se está cumpliendo, mientras sobran los ejemplos de proyectos CPPs nocivos.
Las CPPs (definición ODG) nacieron en 1992 en el Reino Unido como una treta contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, lo que sigue siendo la principal atracción para gobiernos y las instituciones internacionales. Su uso se ha disparado con la imposición de austeridad y la política de privatizaciones como una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento; privatizaciones encubiertas.
Son fórmulas para que el sector privado construya y gestione bienes o servicios tradicionalmente públicos como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento o energía. Respaldadas con garantías públicas, trasladan el riesgo a lo público. Sus prácticas contables permiten a gobiernos mantener el proyecto fuera de sus cuentas (no son transparentes ni auditables), ya que es el sector privado -y no el gobierno- el titular del préstamo que financia el proyecto.
