AuditaSanidad denuncia la evasión y amnistía fiscal de la que se benefician los grandes propietarios de la sanidad privada

El 9 de junio se hacía pública la noticia (tras una filtración a través de filtrala.org, en la que participan eldiario.es, La Marea y Diagonal) de que los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los Laboratorios Almirall y propietarios de Vithas, el segundo grupo de hospitales privados de España, legalizaron 113 millones de euros que permanecían ocultos en varias cuentas de Suiza a través de dos empresas de Panamá. La legalización de ese dinero se realizó a través de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro de 2012, lo que les permitió tributar a Hacienda tan sólo un 2,4% de esta fortuna opaca. Vithas, que nació en 2012 tras la compra de Adeslas, tiene 12 hospitales y 13 centros especializados, recibe grandes cantidades de dinero público y ha ganado diversos concursos públicos con distintas administraciones autonómicas.

Este caso es una muestra más de las políticas elitistas de un Estado que, mientras pide «esfuerzos» a las rentas medias y bajas y presenta los recortes de miles de millones en servicios básicos como una necesidad, permite, con artificios como la amnistía fiscal, que las grandes fortunas paguen tan sólo una minúscula parte de los impuestos que deberían abonar, aumentando el déficit público y redundando en un aumento de la deuda pública que supera ya el 100% del PIB. Unas medidas que se engloban en las ya recurrentes políticas de sumisión a los mercados, entre las que se incluye el multimillonario rescate a las entidades financieras o la modificación del artículo 135 de la Constitución para anteponer el pago de la deuda al gasto social. Políticas que además propician la creciente influencia de lobbies en las políticas sanitarias públicas y, en concreto, en la privatización de estructuras y derivaciones para diversas prestaciones.

Desde el Grupo de Trabajo por una Auditoría Ciudadana de la Deuda en la Sanidad de la Comunidad de Madrid consideramos que no es admisible este progresivo y corrupto deterioro de los servicios básicos. Consideramos escandaloso que quienes repetidamente se benefician de cuantiosas adjudicaciones por parte del sector sanitario público evadan impuestos, disfruten de amnistías y se permitan, incluso, jugar un papel influyente en la opinión pública acerca de la gobernabilidad del país. 

Queremos insistir en la necesidad de continuar articulando procesos de auditorías ciudadanas, en este caso en el sector sanitario, que supongan una herramienta de información, formación y participación en relación al control de la gestión de los recursos públicos y el impacto de la deuda. Una herramienta que permita mejorar la transparencia, así como el aumento en la eficiencia y eficacia de la gestión, proveer de argumentos y herramientas para la suspensión o anulación de la deuda identificada como ilegal y/o ilegítima y generar los mecanismos necesarios para evitar nuevos procesos de endeudamiento pernicioso.

En definitiva, que permitan a la población ser parte activa en la definición de un sistema de salud público que privilegie su carácter universal y exija la transparente justificación de cada euro dedicado a contratar con medios ajenos la provisión de un bien fundamental como es la salud, que ha de ser mantenido al margen del dictado de los intereses privados y su único objetivo de obtención del máximo lucro.