¿Con estos mimbres, de verdad?

NOTA DE PRENSA

Madrid, a 8 de junio 2020

Grupo de Sanidad y Salud Pública para la Comisión de Reconstrucción Social y Económica

¿Con estos mimbres, de verdad?

Varios medios han dado a conocer los nombres de los 34 “sabios” elegidos para comparecer ante el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la recientemente creada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en tanto que “expertos” en la materia.

Llama la atención la escasa participación de los numerosos colectivos ciudadanos que han brotado en todo el territorio nacional desde hace más de diez años en defensa de la sanidad pública. De 34, tan solo dos (Marea Blanca de Cataluña) y la FADSP. Un escaso 5,71%. Colectivos ciudadanos que reivindican una

sanidad realmente pública en su propiedad, en su provisión y gestión de servicios; financiada con nuestros impuestos y sin «repagos»; universal, sin exclusiones ni desigualdades y con un nivel de calidad, equidad y humanidad mucho mayores.

El deterioro de la sanidad pública no solo se ha producido por las políticas de recortes que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años sino también por la transferencia de recursos públicos al sector privado mediante la privatización de servicios sanitarios, de la gestión a través de las colaboraciones público-privadas y la política farmacéutica que han supuesto un incremento del gasto sanitario público sin redundar en una mejora de la calidad asistencial ni de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios públicos.

Por la composición mayoritaria del grupo de expertos no parece que se pretenda modificar esta dinámica. Incluso se podría atisbar que el reforzamiento del sistema sanitario público tal vez pase por asignar un mayor protagonismo al sistema sanitario privado. Si no, ¿cuál es el sentido de la presencia de los principales lobbies del sector sanitario privado como Fenin, Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Farmaindustria, AseBio, Aeste, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y la Fundación IDIS? 8 de 34, un 23,5%.

¿Qué papel van a jugar los lobbies sanitarios que no sea el de aumentar su cuenta de resultados y la progresiva mercantilización del sistema sanitario público?

Recordemos que, según Transparency International, la labor de los lobbies es la «comunicación directa o indirecta con autoridades públicas, legisladores y políticos para influenciar las decisiones de aquellos, en beneficio de dichos grupos».

Es decir, que el Gobierno que ha impulsado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica no tiene claro si impulsar la sanidad pública.

Sorprende también la presencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, territorio donde se ha producido un mayor deterioro de la sanidad pública y en el que la estrategia neoliberal se ha mostrado implacable en las políticas de recortes y en la transferencia de recursos públicos al sector privado. El 50,5% del gasto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se destina al sector privado.

Precisamente estas políticas son las que han generado que la Comunidad de Madrid haya sido responsable de la mala praxis, del caos organizativo y de la falta de recursos para atender las necesidades de la población madrileña como consecuencia de la pandemia del COVID19.

¿Es este el perfil que se necesita para el reforzamiento de la sanidad pública? ¿Es este el modelo que se pretende implantar?

¿Y la exigua representación sindical sanitaria, es decir del personal sanitario, que se limita a un sindicato corporativo como Satse? Uno de 34, un 2,94%. Para este personal “en la primera línea de las trincheras” tan alabado durante estos últimos tres meses y sin embargo tan maltratado habitualmente.

¿Dónde están los sanitarios de a pie de los servicios hospitalarios y de atención primaria que han sido claves en todo el proceso de la crisis del coronavirus? ¿Dónde está la voz de los sanitarios y los usuarios con sus propuestas sobre cómo se debería reforzar la sanidad pública a corto, medio y largo plazo para que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y para eliminar las desigualdades sociales en salud.

En resumen, las personas elegidas para aportar sus valoraciones del sector profesional sanitario a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica pertenecen no solo al sector empresarial sino que son principalmente académicos y gestores. En aras de la transparencia preguntamos: ¿Cuáles han sido los criterios a la hora de determinar este “grupo de expertos”? ¿Quién o quiénes han participado en la elaboración de los criterios?

Una vez más, parece que no se pone a las personas en el centro de las políticas y que los intereses del poder económico se priorizan por encima de las necesidades y la vida de la ciudadanía.